Las violentas protestas desencadenas en Cádiz, y que continuarán la semana próxima según los sindicatos, están lejos de constituir un problema circunscrito a un solo territorio y a un sector concreto (la industria auxiliar del metal).
Como reconocen los propios instigadores de los disturbios, la columna vertebral del conflicto con las empresas tiene su fundamento en la reivindicación de que los sueldos se actualicen de acuerdo con los niveles actuales de inflación, que el mes pasado avanzaron a una tasa del 5,4%. Es más, los manifestantes buscan garantizar tan cuantioso incremento con un acuerdo firmado ad hoc para 2021, con efectos retroactivos que abarcarían desde el pasado 1 de enero. Posteriormente, se abrirían nuevas negociaciones para determinar las condiciones que regirían para 2022 y 2023. Se trata, a todas luces, de una posición maximalista que las empresas del sector no pueden aceptar. No sólo supondría para ellas un fuerte incremento de los costes laborales en un momento en que afrontan importantes encarecimientos de la energía y las materias primas. Además, existe el riesgo de sentar un peligroso precedente que se extienda a otras actividades económicas, no sólo en el ámbito industrial. Las protestas que se preparan en otros sectores, como el agroalimentario o el transporte, pueden también generar la impresión de que se plantea una situación límite en el precio de los productos más básicos, a la que hay que responder con alzas salariales rápidas y cuantiosas.
Los actuales niveles del IPC son coyunturales por lo que no deben servir de guía para las actualizaciones salariales
Urge evitar esa reacción. Los incrementos salariales deben ser sensibles a la delicada situación económica actual y no dejarse guiar por los máximos, de carácter coyuntural, que ahora registró el IPC.
