El adecuado control de las bajas laborales, especialmente las relacionadas con la incapacidad temporal, es ahora especialmente importante. El fenómeno del absentismo laboral se redujo a mínimos históricos en España con el inicio de la crisis de 2008-2013.
Entonces, el miedo a perder el puesto de trabajo, en medio de un contexto de gran incertidumbre laboral, supuso un importante freno para los fraudes en este ámbito. La situación se relajó al compás de la recuperación económica hasta el punto de que, antes de la pandemia, se estimaba que el 1,3% de los ocupados españoles faltaba sistemáticamente a su puesto de trabajo. La evolución actual del absentismo es aún difícil de cuantificar. No en vano las bajas por incapacidad temporal, muchas de ellas debidas precisamente al Covid, se han multiplicado desde 2020 con un avance superior al 8% de acuerdo con las cifras de la Seguridad Social. Como resultado, esta Administración desembolsa ya 11.000 millones al año por esta causa, una partida únicamente superada por los pagos vinculados a las pensiones contributivas. Constituiría una irresponsabilidad adoptar una actitud permisiva ante la proliferación de bajas laborales y desviar la mirada ante el avance de ese gasto. Por ello, sólo puede ser bienvenida la intención de la Seguridad Social de destinar una partida de 315 millones, de la que participarán las autonomías, a dotar de más medios a las inspecciones. Estas últimas, en paralelo, se harán más frecuentes.
El auge de las bajas por incapacidad temporal, que crece a ritmos superiores al 8%, requiere mayores controles
El absentismo laboral ha sido durante años una práctica que se ha banalizado durante demasiado tiempo en nuestro país, hasta el punto de disfrutar incluso de cierta permisividad en ciertos sectores. La realidad, sin embargo, es que constituye un grave problema que debe combatirse.
