El afán intervencionista con el que se ha diseñado la recién acordada Ley de Vivienda se va a encontrar con importantes obstáculos para su aplicación. Pese a la propaganda entusiasta de Podemos sobre su alcance, la normativa vigente obliga a respetar la última palabra de las autonomías y ayuntamientos sobre el despliegue de la normativa, ya que las competencias sobre vivienda están transferidas a estas Administraciones.
Los Gobiernos municipales y regionales del PP cuentan así con plena legitimidad a la hora de negarse a aplicarla tanto en lo que respecta a las reducciones forzosas de alquileres, como en relación a la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a alquiler social y VPO. Como resultado, la ley quedará sin efecto en territorios de tanta importancia para el inmobiliario como Madrid y Andalucía. De hecho, en esas dos autonomías se concentra el 50% del suelo que poseen las grandes promotoras de nuestro país. Se trata de un blindaje necesario para estas empresas que debe acompañarse de otras medidas legales para frenar una Ley de Vivienda cuestionable jurídicamente desde múltiples puntos de vista. No sólo plantean problemas los criterios, aún por conocerse, que se usarán para definir una "zona tensionada" o una "vivienda vacía". Además, todo apunta a que la norma atenta contra las normas de libre contratación en el mercado de alquiler e incluso contra el derecho fundamental a la propiedad privada.
La norma nace limitada por la legítima negativa del PP a que tenga efectos en las autonomías en las que gobierna
A todo ello se suma la flagrante contradicción en que incurre el Gobierno, al brindar ahora cobertura a una norma muy semejante, en vigor en Cataluña desde hace un año, que Moncloa recurrió ante el Tribunal Constitucional.
