La Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda que Podemos, junto a otros partidos, registró en el Congreso presenta aspectos preocupantes, más allá incluso del conocido control de alquileres en zonas "tensionadas".
La norma arremete también contra los grandes inversores, al prever recargos en el pago del IBI si tienen viviendas vacías, pero también afecta a las Administraciones al imponerles porcentajes de su parque de vivienda que deberán cumplir con "políticas sociales". Con todo, es la prohibición de todo desahucio, a no ser que se ofrezca alternativa habitacional, lo que mayor inseguridad provoca a todo tipo de propietarios. Se plantea así el riesgo de que la buena marcha del inmobiliario español se trunque y se reduzca la oferta de vivienda.
