Economía abre la puerta a someter a revisión las condiciones ahora impuestas para acceder a las ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis. Esas transferencias se aprobaron en marzo, pero su grado de ejecución se mantiene en niveles muy reducidos.
Es cierto que el Gobierno ya solicitó a Bruselas que le concediera más tiempo para la liberación completa de esta partida de 7.000 millones. Sin embargo, es ya obvio que ésta no es una cuestión de plazos. Mucho más importante es el inaudito grado de exigencia al que se enfrentan las empresas para acceder a las ayudas, inalcanzable para los pequeños negocios. Sin duda, son necesarios los controles en estas transferencias pero dentro de un margen racional que las empresas puedan cumplir.
