El Gobierno anuncia ya una batería de medidas para responder al encarecimiento récord de la electricidad. Entre ellas, está la futura obligación de las eléctricas de poner a subasta una parte de su producción para pequeñas comercializadoras, siempre respetando un precio mínimo, al margen del mercado mayorista.
Es una medida con alcance necesariamente limitado que, según los expertos, puede propiciar bajadas en el recibo de luz pero de cuantía insuficiente para cumplir la promesa del Gobierno de situar el precio medio del conjunto de 2021 en un nivel similar al de 2018. No sólo es un compromiso ambicioso sino irrealizable en unas condiciones como las actuales. La realidad es que los ciudadanos están ya abocados a pagar un 13,5% más que hace tres años
