La UE aspira a movilizar 350.000 millones en inversiones relacionadas con la sostenibilidad cada año. Los ambiciosos objetivos ecológicos de Bruselas pueden hacer que incluso esa cifra se quede corta.
Por ello, resulta vital que la Unión culmine el proceso, iniciado en este año, para aclarar cuáles son las pautas, a escala comunitaria, para que los inversores tengan plenas garantías de que un activo está vinculado a actividades por completo sostenibles. El trabajo que aún queda por hacer se refleja en el hecho de que la clasificación actual aún mantiene abierto el debate sobre la energía nuclear, por carecer de emisiones de CO2, cumple con los requisitos. Sin criterios unificados, los inversores acabarán desconfiando de los activos verdes.
