La inesperada llegada de la crisis del Covid-19 ha supuesto un duro golpe para las finanzas públicas de todos los países y especialmente para los países considerados como de bajos ingresos, según la clasificación del Banco Mundial. Estos países presentan un menor margen fiscal y una mayor dificultad de acceso a los mercados de capitales, lo que ha hecho necesaria una rápida actuación de los acreedores públicos para concederles un cierto alivio que pudieran destinar a cubrir el incremento del gasto sanitario.
La respuesta del G-20 fue la conocida como Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa permite conceder una suspensión en el pago del principal y de los intereses de la deuda contraída con acreedores oficiales miembros del Club de París por un periodo de tiempo inicial de 6 meses, que se ha ido ampliando hasta los 18.
El repago de estas cantidades debe hacerse en un tiempo máximo de 4 años, con un año de gracia. A cambio, los países que solicitan participar en esta iniciativa deben comprometerse a destinar los fondos liberados a hacer frente a la la pandemia y a cumplir con nuevos requisitos de transparencia. Asimismo, deben buscar un tratamiento similar al que les ha dado el sector público por parte de sus acreedores privados.
Algo más de un año después de su inicio más de 40 países se han acogido a esta iniciativa (principalmente economías africanas). No obstante, su desarrollo ha planteado algunas reflexiones.
Falta de transparencia
En primer lugar, los países deudores no han solicitado la participación del sector privado por miedo al efecto que esto tendría sobre su calificación crediticia, puesto que podría implicar una bajada de la misma que dificultaría su acceso futuro al mercado. La falta de una transparencia completa sobre los acuerdos firmados hasta la fecha, junto con la imposibilidad de garantizar la neutralidad del valor neto presente (NPV) en estas operaciones han dificultado también las opciones de involucrar al sector privado en este proceso.
Por otro lado, también han surgido preocupaciones derivadas de las dificultades de coordinar estas actuaciones con las de otros acreedores oficiales que no son miembros del Club de París. Es necesario que todos los pasos que se den desde el sector público sean coordinados y vayan en la misma dirección para poder garantizar la eficacia de estas medidas.
Marco común
Para tratar de resolver ambos problemas y como evolución al propio DSSI, el G-20 aprobó también en 2020 el Marco Común para la reestructuración de la deuda para cubrir problemas tanto de solvencia como de liquidez. Este será el único marco aplicable para tratar problemas derivados del Covid a partir de 2022. A diferencia del DSSI, en este caso el país que solicite adherirse tendrá que aceptar un programa del FMI, así como involucrar a sus acreedores privados por obligación. La gran novedad que incorpora este marco común es la posibilidad de involucrar a acreedores más allá del Club de París, como por ejemplo China, que es un importante acreedor de países de bajos ingresos.
La valoración de este tipo de iniciativas es positiva, sobre todo por la rapidez con la que se ha actuado, fundamental para resolver con éxito este tipo de situaciones. Sin embargo, aún es pronto para ver si el DSSI será suficiente para cumplir con las necesidades de los países que lo han solicitado o si veremos países que requieran también aplicar el Marco Común.
La voluntad de involucrar a acreedores de fuera del Club de París también es muy positiva como un paso hacia una mayor coordinación entre los acreedores oficiales. No obstante se han puesto de manifiesto algunas preocupaciones del sector privado sobre las que habrá que trabajar de cara a mejorar la efectividad de los procesos futuros.
