España empieza tímidamente a pisar la senda de la recuperación económica, sustentada en dos pilares principales: la transición digital y la ecológica, más conectadas entre sí de lo que uno a primera vista pudiera creer. Mientras la primera se centra en la mejora de los servicios públicos digitales ofrecidos a los ciudadanos, la segunda pone el foco en la industria, que deberá navegar y adaptarse a un tsunami de iniciativas legislativas -y no legislativas- en un breve espacio de tiempo.
La que aquí nos ocupa es la transición ecológica, que aspira a impulsar un cambio de una economía lineal, fuertemente dependiente de unos recursos finitos, a una circular en la que la vida de estos se alargue lo máximo posible a través de su permanencia en el ciclo productivo. Si bien nadie puede poner en duda la urgente necesidad de impulsar este cambio, la manera en la que se está llevando a cabo genera no pocas dificultades a un tejido industrial seriamente dañado por los efectos económicos generados por la pandemia del Covid-19 y la gran incertidumbre global.
La transición ecológica, en general, y la economía circular, en particular, se abren paso en España bajo el paraguas de numerosas estrategias, planes de acción y propuestas legislativas a nivel nacional y autonómico que, lejos de establecer una hoja de ruta clara, sumen a ciudadanos y empresas en una total inseguridad.
A esto hay que sumarle un aspecto no poco relevante en esta conversación: la interdependencia de la legislación nacional de la europea es cada vez mayor. Solo en 2020, año marcado por la regulación de aspectos relacionados con las consecuencias derivadas del Covid-19, el 65% de las 43 leyes adoptadas en el Congreso deriva de decisiones adoptadas en Bruselas, bien por mandatos de transposición al ordenamiento jurídico de España de legislación comunitaria, bien por contener referencias a recomendaciones, programas o iniciativas europeas.
España no se ha caracterizado nunca por ser uno de los Estados miembros más rápido en la transposición de legislación comunitaria, sino por todo lo contrario. Y esto, en materia medioambiental, se está convirtiendo en un gran obstáculo, pues muchas comunidades autónomas deciden iniciar los procesos de transposición por su cuenta. Este ha sido el caso reciente de la Directiva de plásticos de un solo uso o la Directiva marco de residuos.
De hecho, en tan solo 12 meses, Baleares protagonizaba la entrada en vigor de la que hasta la fecha es la Ley de Residuos más ambiciosa de España, Galicia tramitaba y aprobaba su nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados, Valencia comenzaba la tramitación de una Ley de economía circular y el Gobierno central remitía al Congreso el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados. A ello hay que sumarle sentencias de diferentes órganos judiciales y textos varios de cuerpos consultivos que, en algunos casos, avalan que las comunidades autónomas utilicen su potestad de establecer medidas más restrictivas que el Estado en materia de protección del medio ambiente -como es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Residuos de Baleares-, y en otros alerta de que las medidas impulsadas exceden las competencias autonómicas -como es el caso del Consell Jurídic Consultiu sobre la proposición de ley de economía circular en Valencia-.
La mayoría de empresas que operan en España se encuentran ahora inmersas en el complejo proceso de entender la diferencia entre todas estas legislaciones porque, además, no son menores. En otras palabras, es extremadamente difícil comprender qué productos se pueden introducir en el mercado en cada territorio y a qué restricciones están sujetos.
Esta fragmentación no solo se produce en materia legislativa, sino también en iniciativas, en principio, que no son legalmente vinculantes. Por poner solo unos ejemplos: País Vasco trabaja en su propia hoja de ruta para impulsar la economía circular y en una ley de transición energética y cambio climático; Andalucía está completando los trámites administrativos para aprobar un Anteproyecto de Ley de economía circular, además de en la reforma de su Ley de Residuos; Castilla-La Mancha también cuenta con un plan de economía circular para los próximos diez años.
La Comisión Europea cuenta desde hace unos años con un programa llamado "Legislar mejor" cuyos objetivos son, entre otros, eliminar los obstáculos y la burocracia, y reducir al mínimo la carga para los ciudadanos y empresas; analizando las implicaciones y el coste que supone cumplir con la legislación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Aunque el éxito de esta iniciativa es discutible, lo cierto es que el mero hecho de su existencia es vital para guiar la elaboración de políticas orientadas a resultados y con aspiraciones de persistir en el tiempo. España, sin duda, debería plantearse la introducción de un programa similar, pues si realmente se necesita crear consciencia sobre la economía circular para que ciudadanos se familiaricen con la necesidad de extender el ciclo de vida útil de los productos, fomentar determinados comportamientos y desincentivar otros, se necesitan, ante todo, claridad, certeza legal y coordinación entre todos los órganos administrativos del Estado. No hay tejido industrial que pueda seguir el ritmo de la incesante batería de medidas y legislación propuestas en tantos niveles diferentes.
