Trabajo continúa aferrándose a su compromiso de derogar la reforma laboral de 2012 este año. La vicepresidenta Yolanda Díaz, sin embargo, ya no goza de plena soberanía para acometer un cambio de este calado.
La condicionalidad a la que están sujetas las futuras ayudas europeas habilita a Bruselas para vigilar de cerca las modificaciones que pueda sufrir la legislación del mercado de trabajo y todas ellas deben justificarse. En otras palabras, Díaz tendrá que realizar una tarea que tiene hasta ahora pendiente: señalar con datos fehacientes los puntos en los que, supuestamente, la reforma ha fallado y avalar así los cambios que persigue. No será en absoluto un cometido fácil. Resulta complicado atacar una Ley Orgánica que, por primera vez, permite a la economía española crear empleo con tasas de crecimiento inferiores al 2% (un ritmo de avance del PIB que, según el Banco de España, volverá a ser realidad ya en 2023). Pero Trabajo se verá especialmente desarmado a la hora de justificar el aspecto que más interesa a la UE: los cambios en la negociación colectiva. La reforma de 2012 permitió la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales y limitó la ultraactividad (la prórroga automática sine die de los convenios ya caducados). Gracias a estas medidas se evitó la repetición de errores tan flagrantes como propiciar un alza salarial en un año de recesión como fue 2009.
Trabajo lo tendrá muy difícil para justificar ante la UE su pretensión de restar flexibilidad al mercado de trabajo
En consecuencia, Trabajo tendrá que explicar por qué quiere que esa situación sea posible en el peor de los momentos, cuando las empresas aún están en plena recuperación, la inflación sube y ya afrontan unos muy altos costes salariales. Quedarán así en evidencia los ataques carentes de toda base que sufre una reforma aún necesaria.
