El presidente Sánchez anunció la decisión de mayor gravedad en esta legislatura: los indultos para las condenas por sedición y malversación de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1-O. Sánchez actúa pasando deliberadamente por encima del Supremo.
Por ello, era previsible que en su discurso tomara claras precauciones para blindarse frente a las contundentes objeciones que el Alto Tribunal planteó ya el mes pasado. Así, el presidente insiste reiteradamente en la "utilidad pública" y política de este medida de gracia, ya que resulta por completo imposible ampararla en los criterios de justicia y equidad que también prevé la Constitución, dado que sus destinatarios no muestran ni el menor asomo de arrepentimiento. Sin embargo, pese a estas precauciones, los indultos aún presentan indudables debilidades jurídicas. La Carta Magna es taxativa cuando prohíbe, en el Artículo 102.3, los autoindultos, las medidas de gracia cuyo último beneficiario es el presidente del Gobierno, o los integrantes del Consejo de Ministros que las conceden. El Supremo insistió en este punto en mayo y el Ejecutivo se defendió argumentando que ni Sánchez ni integrante alguno de su Gabinete obtienen, de forma personal, provecho. Ahora bien, resulta ya obvio que el perdón beneficia a miembros de dos partidos, ERC y Junts, que son socios parlamentarios clave para la continuidad del Gobierno central.
La magistrados ya investigan un perdón cuyo último beneficiario, según todos los visos, es el Ejecutivo de Sánchez
La sospecha de que se ha hecho efectivo un autoindulto está ahora más fundada que nunca y, por ello, los magistrados el Supremo ya la estudian. La investigación debe llevarse hasta el final y desactivar, si así lo estiman, un perdón que, según todos los indicios sólo busca garantizar la permanencia en el poder a cualquier precio.
