Faltan menos de 15 días para que el Gobierno empiece a cobrar la tasa Google, el impuesto diseñado para las multinacionales tecnológicas.
Los meses transcurridos desde su entrada en vigor en enero no bastan para disipar las incertidumbres que la rodean. De hecho, aumentaron en los últimos días cuando se supo que las empresas tendrán que geolocalizar a sus clientes para determinar desde dónde solicitan esos servicios. Los fiscalistas ya avisan de que este mandato se arriesga a exceder del ámbito geográfico que corresponde a las autoridades de nuestro país, un importante riesgo considerando que la aplicación de la tasa Google sigue siendo unilateral y no la avalan otros países ni organismos internacionales. Pueden así surgir graves conflictos jurídicos.
