La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó personalmente en Madrid el aprobado al Plan de Recuperación del Gobierno. Era previsible que el documento pasara esta evaluación (limitada a sus objetivos generales), por lo que es ahora cuando empiezan las verdaderas dificultades que rodean a la recepción, y sobre todo a la gestión, de los 140.000 millones en ayudas contra la crisis que España recibirá de la UE.
Los tiempos que manejó el Gobierno para la llegada del primer tramo han tenido que atrasarse reiteradamente respecto a la expectativa inicial de que se desembolsaran este mismo mes (ya se antoja imposible que ocurra antes de finales de agosto). Es más, ahora queda también claro que ese primer tramo de transferencias directas y créditos tendrá una cuantía inferior en un 30% a lo esperado de Moncloa, de modo que quedará en 19.000 millones. Pero las incertidumbres más importantes se plantean en las etapas inmediatamente posteriores al primer pago. España, en claro contraste con países como Italia, tiene pendiente la definición del instrumento de gobernanza para el reparto de las ayudas e incluso los detalles sobre cómo funcionarán los Proyectos Estratégicos para la Recuperación (los famosos Pertes). No es casual que, esta misma semana, el Banco de España volviera a poner en tela de juicio la capacidad de las Administraciones para manejar estos recursos. De hecho esas dudas hacen que el regulador prevea una abrupta desaceleración de la recuperación en 2023, cuando el PIB crecerá por debajo del 2%.
Aspectos fundamentales como el detalle del funcionamiento de los Pertes todavía se encuentran por definir
La mera llegada de las ayudas europeas no basta para disipar todas los cabos sueltos que aún hay que resolver para garantizar su adecuada gestión.
