Estos últimos días ha empezado a circular un documento del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que bajo el título de Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado pretende sentar las bases para la anunciada reforma de los mecanismos de acceso al funcionariado, es decir de las oposiciones pero que, dada la vocación intervencionista de este Gobierno, presenta serios indicios de que pueda ser el primer paso para un asalto político a la Administración del Estado, de forma similar a lo que intentaron hacer con la Justicia.
Invocando el objetivo de "contar con un modelo de selección al empleo público garantista, fundamentado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" y con el pretexto del envejecimiento de las plantillas de funcionarios , los responsables del Departamento que dirige Miguel Iceta plantean una reducción en la duración de los procesos y del número de ejercicios, sin descartar la eliminación total de las oposiciones, además impulsar una mayor valoración de las competencias frente a los conocimientos. Planteamiento que, junto a las continuas apelaciones a la necesidad de atraer talento apuntan a un intento de desvincular los requisitos de entrada a los distintos cuerpos y departamentos funcionariales.
Sin entrar a valorar las intenciones, si resulta cuando menos sospechosa la pretensión reiterada de los dos últimos gobiernos socialistas -el de Rodríguez Zapatero con Jordi Sevilla de ministro, y el actual de Sánchez- por acabar con el método de oposiciones que, como dicen de la democracia es el peor sistema con excepción de todos los demás.
El sistema actual de oposiciones tiene probada su condición de garantista, con libertad de acceso y transparencia, frente al resto de los mecanismos propuestos en su día, más arbitrarios con menores garantías de objetividad y de neutralidad, y que ahora se pretenden resucitar ante la alarma de los cuerpos superiores de la Administración que ven en esta reforma una puerta abierta para sustituir a funcionarios de mérito por afines y amigos políticos del Gobierno de turno, rebajando el nivel de las pruebas de acceso.
Dicho de otra forma, utilizando el manido pretexto de la modernización, se trataría de romper el esquema moderno de una Administración Pública neutral y apolítica al servicio sólo de los intereses del Estado por otro de altos funcionarios al servicio de intereses ideológicos o de partido, al estilo de lo que están haciendo en Cataluña los gobiernos separatistas de Juntx per Cat y de ERC.
Una justificación tendenciosa, tanto como la del envejecimiento. Porque la media de edad en la Administración no es tan alta como se insinúa, además de que, si se reanudan las convocatorias de oposiciones al ritmo que había venido siendo habitual la media de edad, sin duda, bajaría. Recordar que llevamos varios años sin convocar por los llamados "recortes de Montoro".
Y si de lo que se trata es de atraer talento, término que repite insistentemente el documento de Iceta y de su equipo, lo primero que deberían tener en cuenta los promotores del proyecto es que la rebaja de las condiciones y los conocimientos y la politización que genera servidumbre son incompatibles con el talento. Ahí está, si no, el ejemplo de los cientos de asesores, de presidentes de empresas públicas -Indra ha sido el último- o la propia Fiscalía del Estado, por no hablar de los ministros. Los requisitos esenciales para atraer talento son una buena carrera administrativa, lo que, en democracia implica una Administración independiente, además de buenos salarios. Lo demás empieza a oler demasiado a podredumbre.
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