En el plazo de 30 días terminará el blindaje impuesto por el Gobierno sobre empresas españolas "de interés estratégico", frente a opas e inversiones provenientes de cualquier país extranjero.
Disposiciones de este tipo fueron tomadas por todos los países de nuestro entorno al inicio de la crisis, cuando existía una evidente amenaza de que inversores oportunistas tomaran el control de empresas clave aprovechándose de las fuertes caídas que entonces sufrían en bolsa. Resulta obvio que el contexto actual, es completamente diferente, con la recuperación económica ya en marcha y las fuertes subidas que acumulan los índices europeos, incluido el Ibex, desde finales del pasado ejercicio. La necesidad de que el Gobierno autorice toda inversión foránea que tome el control de al menos el 10% de una sociedad cotizada, o que destine más de 500 millones a una empresa no cotizada, tiene cada vez menos sentido. Es más, debe considerarse que el blindaje impuesto por Moncloa es especialmente restrictivo en comparación con los diseñados por otros Estados europeos. No en vano, a mediados de 2020, extendió su alcance, de modo que no sólo rige para inversores extracomunitarios sino para también para los provenientes de la UE. Es más, debe recordarse que la definición de "sector estratégico" que invoca el Gobierno se muestra extremadamente flexible; de hecho, en ella cabe toda actividad que tenga algún tipo de relación con ámbitos tan amplios como "la salud, la seguridad y el orden públicos", sin mayores matices.
No hay razón para extender el blindaje sobre empresas estratégicas impuesto por el Gobierno al inicio de la crisis
Conviene, por tanto, poner fin a un intervencionismo que no sólo distorsiona el normal funcionamiento del mercado; además, amenaza con crear problemas con Bruselas en el corto plazo.