La OCDE vuelve a analizar la evolución de la economía española, poco después de revisar al alza su previsión de crecimiento para el PIB de nuestro país en 2021 hasta el rozar el 6%. Después de esa mejora, el club de los países desarrollados hace ahora hincapié en los riesgos que aún afronta la recuperación.
El documento es claro al advertir, literalmente, de "peligro de descarrilamiento" si el Gobierno insiste en sus planes de discurrir en sentido opuesto a los países de nuestro entorno y subir los impuestos, mientras se obstina en no poner coto al gasto. Sin embargo, hay una advertencia en la que la OCDE se muestra todavía más específica y directa. En concreto, aboga por la necesidad de mantener la reforma laboral promulgada en 2012 y lo hace refiriéndose, de forma explícita, a la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales que esa norma hizo posible. La organización aún liderada por Ángel Gurría demuestra así que es muy consciente de que la desaparición de esa primacía siempre ha sido un objetivo de la vicepresidenta Yolanda Díaz y, de hecho, ya lo transmitió a los agentes sociales. Se trata de un paso muy peligroso, capaz de propulsar todavía más los costes laborales para las empresas españolas en un momento en el que miles de ellas todavía luchan por su supervivencia. Es lógico, por tanto, que salten las alarmas no sólo en la OCDE, sino también en el FMI (cuya última previsión atribuye a España la tasa de paro más alta de los países occidentales en 2022) y en la UE.
La OCDE defiende explícitamente la necesidad de que se mantenga la primacía de los convenios de empresa
Ya no basta para responder a su difícil situación con la nueva prórroga de los Ertes, aprobada ayer. Las empresas necesitan más que nunca de la flexibilidad que hizo posible la última reforma laboral.