Las empresas y también las Administraciones que aspiran a financiar proyectos con las futuras ayudas europeas comprueban, con sorpresa, que deberán pagar el IVA asociado a esas iniciativas, lo que puede suponer un desembolso total de 21.000 millones.
Sin duda, se trata de una obligación previsible. El reglamento de la UE establece que los fondos sufragan costes directamente asociados a las inversiones sin que puedan emplearse con otros fines. Es más, Bruselas en ningún momento instó a aplicar exenciones fiscales a este tipo de proyectos. La carga que el IVA se antoja así inevitable. Con todo, la sorpresa que provoca en empresas y organismos públicos delata que el Gobierno aún tiene pendiente la tarea de explicar, con toda claridad, las condiciones del reparto de ayudas.
