La gran industria española se moviliza contra la intención de recurrir a la ya conocida fórmula del céntimo verde para financiar la transición ecológica. El mecanismo se basa en repercutir los costes de ese proceso en los combustibles más contaminantes, mediante un gravamen específico.
Esta penalización llegaría en un momento en que esos carburantes aún son indispensables para la actividad económica. Es más el daño amenaza con multiplicarse en el caso de la industria, cuyos costes energéticos siguen siendo superiores a la medida europea, pese a la aprobación de paliativos como el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. El tejido productivo español, todavía diezmado por la crisis, se arriesga así a sufrir daños todavía mayores.
