El avance de la vacunación y las menores restricciones a la movilidad brindan un cierto alivio a un sector tan diezmado por la epidemia como la hostelería, hasta el punto de que su creación de empresas volvió a repuntar en marzo y abril pasados.
Sin embargo, la situación continúa siendo crítica para miles de bares y restaurantes españoles. Paradójicamente, muchos están al borde del cierre definitivo pese a que han logrado la que era su mayor reivindicación desde 2020: la llegada de transferencias directas para los negocios aún viables. Los 11.000 millones en nuevas ayudas del Gobierno (incluyendo 7.000 millones para ese tipo de transferencias) cuentan con el placet del Consejo de Ministros desde marzo. Ahora bien, este auxilio adolece de importantes debilidades que son las que estrangulan a los empresarios. Desde el inicio se criticó su escasa cuantía (los 7.000 millones se tienen que repartir entre varios sectores, más allá de la hostelería) y el retraso con el que llegaban en contraste con la celeridad mostrada por Francia y Alemania. Y todo ello se agrava por culpa de su prolija tramitación. Hacienda otorga a estas ayudas la categoría de subvenciones públicas, lo que exigirá a los potenciales beneficiarios una abultada documentación sobre su situación fiscal y financiera.
La prolija tramitación de las ayudas directas a la hostelería, aún no liberadas, agrava la situación del sector
Las Administraciones encargadas de repartir los fondos, las autonomías, deberán además velar por que estos requisitos se cumplan a rajatabla; no en vano tendrán que reembolsarlos si Hacienda considera que ha habido irregularidades. En estas condiciones, todo apunta a que las transferencias seguirán estancadas hasta bien entrado el segundo semestre, lo que hará ya imposible la supervivencia de numerosos negocios.