Tras más de 35 años de pertenencia a la UE, España cuenta con el dudoso honor de contarse entre los Estados miembros cuya gestión de las transferencias de recursos provenientes de Bruselas más dejan que desear.
La más reciente demostración de esa realidad la ofrecen los fondos de cohesión vinculados al Presupuesto comunitario 2014-2020. Cuando esas cuentas dejaron de estar en vigor, el pasado 31 de diciembre, nuestro país sólo había ejecutado el 43% de los fondos que le correspondían, el menor porcentaje entre los integrantes de la Unión. En términos absolutos, se trata de 18.400 millones aún no utilizados; es más, se computan casi 3.000 millones completamente ociosos, es decir, carentes de asignación a proyecto alguno. Todo uso ineficiente de recursos públicos es digno de lamentarse en cualquier situación. Pero en el caso español esa situación se revela especialmente grave. No en vano, desde el inicio de la crisis actual, nuestro país arroja un pobre balance en cuanto a la cuantía y a la extensión de las ayudas que ha proporcionado a su tejido productivo. Sorprende que se haya tolerado esa situación considerando la gran cantidad de fondos europeos listos para usarse que aún estaban pendientes de asignación. Se ha perdido de este modo un tiempo muy valioso para mitigar el daño de la epidemia. Con todo, los efectos de esta ineficiencia se extienden también hacia el futuro.
La gestión española de los recursos procedentes de Bruselas en el pasado ha dejado ociosos cuantioso recursos
Los recursos del Plan Marshall de la UE contra el Covid están aún pendientes de llegar y serán fundamentales para afianzar una recuperación que ya flaquea. Vistos los antecedentes se plantean muchas dudas acerca del modo en que se gestionarán unas ayudas tan valiosas.
