El Gobierno se compromete ante la UE a "desarrollar un sistema de pago" en las autovías de alta capacidad que posibilite su financiación. Así lo manifiesta el Plan de Recuperación (la hoja de ruta para el uso de las futuras ayudas europeas) que el Ejecutivo presentó ayer en el Congreso.
El documento no concreta plazos ni procedimientos para poner en marcha ese mecanismo pero los argumentos que lo avalan son claros desde hace años. Ya a comienzos de 2020, España reafirmó su posición como el país de la Unión con menor porcentaje de autopistas de peaje (un 16% de su red). El proceso continuará a partir del próximo agosto, cuando más tramos de la AP-7 y la AP-2 dejen de ser de pago. Sin duda, el modelo español de peajes de las últimas décadas necesitaba una revisión, debido a deficiencias como su excesiva concentración en ciertas autonomías (Cataluña en especial). Ahora bien, su supresión sin implantar alternativas supone un alto coste para la Administración. Esa carga se deriva, sobre todo, de la labor de mantenimiento que tendrá que sufragar el Estado, en un momento en el que el déficit acumulado en la conservación de carreteras va camino de superar los 8.000 millones. En el ámbito de las infraestructuras nada es gratis y es necesario asegurar fuentes de recursos. Hay varias opciones, como la euroviñeta que grava el tráfico pesado, o los modelos de peajes selectivos que, por ejemplo, utiliza Portugal.
La eliminación de peajes debe acompañarse de opciones que aseguren ingresos suficientes para su conservación
Este sistema se antoja especialmente idóneo en la situación de crisis actual, para paliar la carga que dichos pagos supondrían para empresas y ciudadanos. Todas ellas constituyen opciones que deben explorarse para consolidar un modelo de autopistas sostenible y respetuoso con los estándares de seguridad.
