La Sepi procederá con mucha más cautela en la aprobación de los futuros rescates, a través de su Fondo de Apoyo a la Solvencia para empresas afectadas por la actual crisis. Esa nueva actitud deja en el aire las peticiones de socorro presentadas por Celsa, la aerolínea Wamos y Abengoa .
En el caso de esta última empresa, su acceso a la ayuda se antoja especialmente difícil. En primer lugar, la incoherencia de la propia ingeniería andaluza debilita su posición. No en vano se afana en mantener abierto su conflicto con el Estado español, por el que le reclama casi 1.200 millones debido al recorte de las primas a las renovables, al mismo tiempo que reclama la ayuda de esa misma Administración. Pero aún más importante es el hecho de que incumple, de modo flagrante, los más básicos criterios para acceder al Fondo de Apoyo. La razón de ser de este instrumento debe estribar en socorrer a empresas viables de importancia estratégica cuya cuenta de resultados se vio diezmada por la epidemia. La firma ni siquiera puede invocar sus cuentas de 2019 para intentar demostrar su viabilidad antes de que estallara la crisis, ya que no las tiene presentadas y está ya en concurso de acreedores. El rigor obliga a la Sepi a negar el rescate a Abengoa. Ahora bien, el organismo público debió mostrar esta actitud desde el inicio de sus actuaciones, lo que habría evitado que dos empresas en situación semejante, Duro Felguera y Plus Ultra, sí recibieran el auxilio. Ambas intervenciones presentan indicios de que junto a los criterios técnicos se colaron otras motivaciones, como las políticas.
El uso de los fondos públicos para rescates ya se ha visto desacreditado por los casos de Duro Felguera y Plus Ultra
Esas sospechas amenazan, además, con proyectar una sombra sobre el modo en que España gestionará ayudas tan importantes como los futuros fondos europeos.
