El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dará prioridad, en la reforma que planea del sistema de pensiones, al endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada.
Hasta el punto de que la elevación de sus penalizaciones sobre la cuantía de la pensión puede empezar a tramitarse en septiembre u octubre. Tanta premura está justificada si se considera que cerca de 132.000 personas salen de la población activa cada año por la vía de la jubilación anticipada. Este número, unido al propio de las prejubilaciones, es lo suficientemente cuantioso para provocar consecuencias de calado en la Seguridad Social. Por un lado, no se está consiguiendo el objetivo de alargar la edad oficial de retiro. Esta última se halla fijada, desde el pasado enero, en los 66 años; sin embargo, el momento efectivo en el que los españoles dejan de trabajar se sitúa, como promedio, en los 64,4. Pero, además, en el caso de las jubilaciones anticipadas debe considerarse la merma de ingresos que supone para la Seguridad Social. En concreto, son casi 1.200 millones lo que el Estado pierde, cada año, en concepto de las cotizaciones que los trabajadores que se retiran prematuramente no pagarán. Resulta un alto coste para un sistema sometido, desde hace décadas, a la presión del rápido envejecimiento poblacional.
El alto volumen de retiros anticipados supone una grave merma de ingresos para el sistema de pensiones
Pero la situación amenaza con volverse insostenible en un escenario de crisis como el actual, en el que la destrucción de empleo merma todavía más los ingresos por cotizaciones sociales. Resulta urgente, y así lo demandará también la UE para liberar las futuras ayudas anti-Covid, abordar cuanto antes el problema del incumplimiento de la edad oficial de jubilación.
