Las empresas españolas podrán solicitar el auxilio del Fondo de Solvencia, gestionado por la sociedad pública Sepi, hasta el próximo 31 de diciembre.
Originalmente, este mecanismo limitaba su vigencia hasta finales de junio; más tarde, se extendió hasta el 30 de septiembre y ahora, finalmente, cubrirá todo el presente ejercicio. Sin duda, hay argumentos que respaldan todas estas prórrogas. La crisis del Covid golpeó con especial virulencia a España en 2020, cuando registró la peor recesión de la OCDE, y es ya obvio que sus efectos serán aún muy dañinos, como mínimo, durante el primer semestre de 2021. Ahora bien, si la Sepi extiende el alcance de sus rescates, resulta todavía más urgente que corrija el modo en que, hasta ahora, gestiona estas ayudas. La intervención en Duro Felguera ya resultó polémica, al mostrar cómo un mecanismo diseñado para apoyar a empresas en apuros, por culpa de la crisis actual, se empleaba en beneficio de una firma con problemas desde mucho antes de la epidemia. Pero ha sido con el rescate de Plus Ultra cuando saltaron todas las alarmas, ya que esa aerolínea nunca registró beneficios, carece de todo valor estratégico y mantiene unos preocupantes vínculos con el régimen chavista. Hay ya serios indicios de que el Fondo de Solvencia se sujeta a criterios políticos y no al rigor que se presupone en un instrumento que maneja fondos estatales y que ha sido creado para atender una emergencia económica. Mantener esa situación no sólo desacreditará al propio Fondo y a la Sepi.
Todo apunta a que la concesión de las ayudas del Fondo de Solvencia está al servicio de criterios de carácter político
El Gobierno, y España en su conjunto, perderá toda credibilidad ante la UE en cuanto a su capacidad de gestionar, con las necesarias garantías, las futuras ayudas europeas.
