
A la hora de evaluar los daños que la epidemia provoca en las empresas españolas, suelen invocarse los perjuicios en sectores como la hostelería y el turismo, donde la actividad se redujo de modo drástico o directamente se paralizó.
Pero el impacto total es mucho más generalizado en el conjunto del tejido empresarial. Basta con considerar que las bajas laborales se triplicaron en nuestro país con respecto a 2019. De ellas, más de 3,7 millones tienen relación directa con el Covid, ya sea por contagios directos, o por cuarentenas que obligan también a abandonar provisionalmente el puesto de trabajo.
De todo ello se deriva un serio golpe para la ya precaria situación de la Seguridad Social, ya que esta Administración ha visto cómo el desembolso ligado a las incapacidades temporales se eleva un 25%, hasta superar los 10.000 millones. Además, empresas de toda índole ven mermadas sus plantillas y con ello su productividad, mientras hacen frente a unos costes laborales que en 2020, pese a ser un año de recesión, aún crecieron.
La supervivencia es ya muy difícil para cientos de negocios, los cuales poco pueden esperar de las nuevas ayudas que el Consejo de Ministros aprobará hoy. El posible incremento del capítulo de las transferencias directas, hasta sumar 7.000 millones de un total de 11.000 millones, es incapaz de despertar esperanzas. La cuantía continúa siendo ínfima considerando los daños que ya presenta el tejido productivo. Pero, además, debe considerarse el gran retraso con el que estas ayudas llegan, tras un año de crisis y tres oleadas casi solapadas del virus.
En estas circunstancias, resulta inevitable una aluvión de empresas ya incapaces de seguir activas en espera de que avance la vacunación y lleguen las ayudas europeas.