El presidente Pedro Sánchez anunció en el Congreso de los Diputados ayudas por valor de 11.000 millones a las empresas y autónomos de los sectores más golpeados de la crisis (mencionó en concreto el turismo, la hostelería y la restauración). No hay aún concreción alguna sobre cómo se canalizarán esos recursos.
Con todo, la alusión del presidente a que su objetivo primordial será "reforzar la solvencia" de sus beneficiarios apunta a que no se tratará de transferencias directas que reclaman esos sectores y que países como Alemania o Francia hace meses que pusieron en marcha. Existen indicios, y así lo manifiestan en el sector financiero, de que en este nuevo paquete de ayudas tendrá un gran peso el proyecto de aplicar quitas parciales en los créditos ICO a empresas viables, una parte de las cuales tendrán que ser asumidas por los bancos que concedieron dichos préstamos. El recelo de las entidades es plenamente lógico. Aunque sus resultados en 2020 no fueron tan negativos como se esperaba, siguen enfrentándose al problema de una muy baja rentabilidad que aún las obliga a acometer fuertes recortes de gastos. El problema se agravará si los bancos tienen ahora que asumir quitas que exijan nuevas provisiones millonarias. Debe valorarse, además, la disposición del sector financiero a hacer más esfuerzos reconociendo periodos de carencia más largos y refinanciando los créditos ICO.
Existe el riesgo de que las ayudas anunciadas para hostelería y turismo contemplen quitas en los créditos ICO
Estas medidas también exigen provisiones, pero existen unas mínimas garantías de recuperación de lo prestado. Sin duda, los sectores más golpeados por la crisis necesitan un apoyo que ya se ha demorado mucho, pero esas ayudas no deben contribuir a crear inestabilidad en el sector financiero.
