España llegó al inicio de la epidemia con importantes desequilibrios financieros en sus Administraciones que se cobraron un alto peaje. Nuestra economía destacó entre sus homólogas occidentales como una de las que tenían menos margen para desplegar ayudas públicas ante la recesión inminente.
Transcurrido casi un año desde el inicio de la crisis, ese problema sigue presente e incluso se agrava, ahora que la deuda pública está en niveles de 1902. Sin embargo, no se puede decir que exista una completa parálisis. Al contrario, hay tres vías de actuación ya en marcha. La primera consiste en la aplicación de quitas sobre los créditos ICO ya concedidos, que la banca tendría en parte que asumir. En segundo lugar, se encuentra el frente legal, con la agilización de los trámites para la tramitación de reestructuraciones empresariales. Por último, deben considerarse también los incentivos fiscales para propiciar que los propietarios de inmuebles acepten aplazamientos en el pago del alquiler. Ahora bien, en esta batería de medidas ya se observan algunas debilidades. Es el caso de las quitas en los créditos ICO, una medida capaz de provocar un daño de calado al sector bancario, aún afectado por un problema de baja rentabilidad. Y, sobre todo, debe tenerse en cuenta que en esa tríada falta el apoyo que supondría la concesión de transferencias directas a los sectores más afectados.
Las medidas que el Gobierno baraja no contemplan la posibilidad de inyectar ayudas directas en los sectores afectados
Dada la situación de las cuentas públicas, en todos los niveles de la Administración, resulta casi imposible que pueda recurrirse a ese tipo de medidas. Por ello, es probable que el plan del Gobierno tenga un alcance limitado, reducido a ganar tiempo para paliar los efectos de la crisis, a la espera de que la vacunación y la reactivación económica avancen.
