Los bares y restaurantes volvieron ayer a abrir en Euskadi después de que el Tribunal Superior de esa autonomía suspendiera el cierre impuesto a dichos locales desde el mes pasado. Sin duda, conviene situar esta decisión en sus justos límites.
No se trata de una sentencia que revoque las restricciones decretadas por el Gobierno vasco. Se trata de un auto que manda la reapertura como medida cautelar mientras se estudia el caso más a fondo. Con todo, el paso dado por el Tribunal Superior tiene una indudable trascendencia, Por ello, no debe extrañar que los hosteleros de toda España lo tomen como base para iniciar acciones judiciales semejantes en sus respectivas autonomías, o incluso apelar a la Audiencia Nacional. Por primera vez, un juez pone de manifiesto las muy cuestionables bases sobre las que se fundamentan los cierres totales de la hostelería. Como el auto resalta, no existen estudios que identifiquen a esta actividad como vector decisivo para la transmisión del Covid, máxime considerando los exigentes protocolos de seguridad a los que se somete desde la desescalada de mayo. Es más, los jueces subrayan que, si se demostrara que esa relación es inexistente, no existe garantía alguna de que las Administraciones puedan indemnizar a los miles de negocios afectados. En otras palabras, los cerrojazos a la hostelería atentan contra el más básico principio de seguridad jurídica.
El Tribunal del País Vasco evidencia la endeble justificación de los 'cerrojazos' impuestos a bares y restaurantes
El auto dictaminado en el País Vasco debe así valorarse como un importante aval a las políticas que intentan conciliar la seguridad con el funcionamiento normal de la economía, que tan buen resultado están dando en Madrid. Y, sobre todo, evidencia que un sector entero está siendo objeto de un castigo carente de justificación.
