El Gobierno prevé que su nueva Ley de Vivienda esté lista para aprobarse en Consejo de Ministros el mes próximo y llegue al Congreso en marzo. La norma creó ya polémica el año pasado ante el temor de que marcara límites a los precios del alquiler residencial en los territorios donde fuera mayor el desequilibrio entre oferta y demanda.
Sin embargo, el departamento encargado de elaborar esta ley, el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, descartó la posibilidad de imponer un mecanismo así, y dejó al criterio de ayuntamientos y autonomías la opción de recurrir a políticas de esta índole. La exhaustiva consulta realizada por elEconomista evidencia que todos los Gobiernos de las zonas que registran las mayores tensiones en este mercado (con la única excepción de Madrid) están dispuestos a poner topes máximos a los arrendamientos. Uno de ellos, la Generalitat de Cataluña, ya marcó un pernicioso precedente al imponer ese tipo de límites desde finales del año pasado, sin esperar siquiera a la nueva ley que le confiriera esta competencia e incluso pasando por encima de los letrados del Parlament. A partir de este año, ese intervencionismo del alquiler amenaza con afectar a un mayor número de territorios, precisamente en un momento en el que el mercado demuestra su capacidad de regularse solo. El reajuste de la oferta y la demanda ante la crisis provocó en 2020 descensos en los arrendamientos de casi un 9% en Barcelona y de hasta un 18% en varias zonas turísticas.
La imposición de límites a los arrendamientos que ya barajan varias CCAA tendrá efectos contraproducentes
Existe, además, el precedente de ciudades europeas como Berlín que tuvieron que replantearse medidas como éstas tras reducirse la oferta de pisos. La distorsión del mercado sólo aboca a un agravar el problema del acceso a la vivienda.
