Los asalariados españoles vieron crecer su poder adquisitivo un 2% en 2020, el año en el que se desencadenó la histórica recesión económica motivada por el Covid.
No hay nada de paradójico en esta situación si se consideran los factores característicos que confluyen en la presente crisis. Por un lado, su impacto en el mercado laboral todavía no se ha revelado por completo, ya que el recurso a mecanismos como los Ertes ha permitido que miles de personas siguieran percibiendo su salario aunque sus empresas estuvieran inactivas. A este alivio temporal para mercado laboral hay que sumar el comportamiento dispar de, por un lado, los sueldos y pensiones y, por otro, la inflación. El IPC terminó 2020 arrojando una tasa del 0,5% por debajo de cero. En ese mismo año la retribución de asalariados y pensionistas subió un promedio del 1,5%, con picos del 2% en algunos sectores. Por tanto, conviene resaltar que esta fuerte ganancia de poder adquisitivo supone pagar un importante peaje. En concreto, las empresas tienen que asumir, en plena recesión, un fuerte avance de sus costes laborales. Por su parte, la subida de las retribuciones de funcionarios y pensionistas han seguido alimentando el déficit público. A todo ello deben sumarse las escasas esperanzas de que el mayor poder adquisitivo sirva para reanimar, en el corto plazo, la demanda interna.
Los españoles ganan poder adquisitivo en 2020 pero esa mayor capacidad no los estimula a hacer un mayor gasto
La mayor parte de esa ganancia no se destina al consumo, sino que sirve para elevar el ya muy abultado nivel de ahorro de los españoles, situado en el 22,5% de la renta disponible, una cota inédita para España. Con las restricciones que supone la tercera oleada del Covid, resultará aún difícil que los ciudadanos pierdan el miedo y vuelvan a gastar.
