El veto impuesto a los perfiles en redes sociales de Donald Trump, tras el asalto de sus partidarios al Capitolio, debe suscitar un debate sobre el poder que firmas como Twitter acumulan. Resultaría simplista identificar estas prohibiciones con el ejercicio de un mero derecho de admisión en un foro digital.
Al contrario, está en juego un derecho fundamental como la libertad de expresión. Los límites a su ejercicio se fijan en las leyes de los países democráticos y por ellos velan sus jueces. No basta con que los propietarios de este tipo de redes aleguen que hubo un delito (como la supuesta violación de derechos humanos en el caso de Trump) y silencien a sus usuarios. Su gestión interna de los contenidos requiere de un marco legal claro.
