La patronal catalana Foment apelará al Defensor del Pueblo para denunciar la inconstitucionalidad del Impuesto de Patrimonio. Se trata de una respuesta adecuada ante el modo en que un tan anacrónico tributo se ve reforzado en los Presupuestos de 2021.
Su tipo máximo se eleva un punto, pero no es esto lo más grave dado que las autonomías seguirán decidiendo qué cuantía aplican. Más preocupante resulta el modo en que las Cuentas dotan a Patrimonio de carácter permanente, de modo que su vigencia ya no tendrá que revisarse cada año. España sigue así el camino opuesto al resto de Europa. Mientras en la mayoría de la UE este impuesto ha sido suprimido, en España, pese a su carácter flagrantemente confiscatorio, se le aplica un blindaje.
