Apoyado en la enmienda de ERC a los Presupuestos, el Gobierno da el primer paso en su objetivo de armonizar Patrimonio y el resto de tributos autonómicos para evitar las bonificaciones fiscales de Madrid. Vaya por delante que las acusaciones de "dumping fiscal" a la región son falsas.
Lo demuestra el hecho de que Madrid recauda más que el resto de CCAA y que las figuras impositivas más favorecidas ni siquiera existen en la mayoría de los países de nuestro entorno. Por tanto, el Gobierno carece de argumentos, más allá del ideológico, para acometer esta reforma. Si se materializa, se trataría de una injustificable intromisión en las competencias tributarias autonómicas y, lo que es más grave, en su legítimo derecho a competir para atraer inversiones y capitales.
