Cada vez son más las autonomías que imponen restricciones de mayor severidad como respuesta a la segunda oleada del Covid. La posibilidad de implantar otro confinamiento domiciliario escapa a sus competencias, por lo que los ciudadanos de esos territorios aún pueden disfrutar de libertades tan básicas como salir a hacer deporte o pasear.
Sin embargo, los Gobiernos regionales están llevando su capacidad para legislar sobre la actividad económica incluso más allá de las limitaciones que se vieron entre marzo y junio, durante el primer estado de alarma. Es por ello que, lejos de contentarse con prohibir la presencia física en bares y restaurantes, ahora también hay restricciones al reparto a domicilio de comida y bebida en tres autonomías. Se ve así cerrada la única válvula de escape de la que la hostelería ha dispuesto para afrontar una crisis que le golpea de lleno. En paralelo, la muy general calificación de "servicio no esencial" vuelve a permitir que gran parte del comercio, tanto tiendas como centros comerciales, tenga que volver a echar el cierre. No existe un criterio científico que avale unas medidas tan drásticas. La transmisión del virus exige un contacto más continuado que el que se deriva de la presencia esporádica de varias personas en un mismo local comercial, o del hecho de que varias de ellas hayan tenido cerca un mismo objeto.
No hay evidencia científica que avale unas limitaciones tan severas como las impuestas al comercio y la hostelería
La severidad de las nuevas medidas supone un daño gratuito a la economía, en la medida en que no contribuirá a frenar la extensión del virus. Su verdadero efecto será que los Ertes a los que, de nuevo, tiene que recurrir el comercio acaben convirtiéndose en despidos y que siga creciendo la cifra de negocios hosteleros (65.000) ya cerrados.
