El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley con el que se rebaja hasta un 50% el alquiler de los establecimientos y locales comerciales que tienen prohibido desarrollar su actividad por las restricciones para atajar los contagios de Covid-19, como bares y restaurantes.
Esta medida y la aprobada recientemente por el Parlament para limitar los arrendamientos residenciales evidencia el uso de la actual crisis como coartada para tomar medidas intervencionistas. Por si fuera poco, Podemos utiliza el mismo argumento para exigir estas medidas a escala nacional en los Presupuestos. Se trata de una intervencionismo dañino, capaz de crear inseguridad entre los propietarios y que solo conseguirá reducir la oferta de inmuebles.
