La letra pequeña del plan del Gobierno contra el fraude fiscal contiene una subida tributaria de facto en todos los gravámenes que afectan a la transmisión de inmuebles. No se trata de un alza de tipos impositivos, una acción fuera del alcance del Estado en unos impuestos transferidos a las autonomías.
En realidad, la mayor tributación se hace posible de un modo indirecto, avalando un método de tasación que tiende a inflar artificialmente la valoración, como demostró el Tribunal Supremo. El uso del llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM) fue frecuente entre 2008 y 2013. Gracias a él, pese a la crisis inmobiliaria en curso, las Haciendas autonómicas conseguían atribuir a los activos de este tipo que se vendían precios muy superiores a lo que reflejaban sus escrituras y, por tanto, exigían un mayor pago de impuestos. Las diferencias eran tan amplias que la aplicación del VRM llegó a los tribunales. Hasta el punto de que existen cuatro sentencias del Supremo que denuncian la falta de idoneidad de este método. Así ocurre por un defecto de base tan importante como aplicar unos coeficientes multiplicadores que no tienen relación real con el activo que, supuestamente, valoran. Se dieron incluso situaciones inauditas como imponer un mismo parámetro a todos los inmuebles en venta de un mismo municipio sin considerar aspectos tan decisivos como su estado de conservación.
El Gobierno avala el polémico uso de coeficientes multiplicadores al que recurrieron las autonomías durante la pasada crisis
Es más, las autonomías se servían de los coeficientes automáticamente, prescindiendo de toda comprobación in situ. Resulta preocupante que todas estas arbitrariedades, pese a haber sido señaladas por el Supremo vuelven a amenazar al contribuyente, en medio de una crisis incluso peor que aquélla en la que aparecieron por primera vez.
