Los sectores del comercio y la hostelería se movilizan para lograr en los tribunales sentencias que les permita demorar el pago de los alquileres de sus locales, ante la inactividad en la que se sumen sus negocios. Sin duda, nadie puede negar los daños infligidos a dos ámbitos económicos golpeados de lleno por el parálisis del consumo interno, y por las restricciones de aforo y movilidad que los rebrotes del Covid exigen.
Pueden también alegar a su favor la existencia de un reciente auto judicial en el que se permite al propietario de una discoteca no pagar el alquiler a su arrendador hasta que a su negocio funcione con normalidad. Ahora bien, es muy pronto para considerar que el alcance de ese auto se puede generalizar a todo el sector hostelero o comercial. No debe olvidarse que lo dictaminado por el juez establece, de momento, sólo unas medidas de carácter cautelar para un caso específico, y no una sentencia firme que pueda sentar jurisprudencia. Por otro lado, conviene subrayar el agravio comparativo que supondría extender una exención de pagos de ese tipo. Son innumerables las empresas dedicadas a otras actividades afectadas por la crisis, o incluso familias, que podrían considerarse también legitimadas para reclamar moratorias en el pago de sus servicios más básicos (desde los suministros de agua y luz hasta los desembolsos a sus proveedores). No resulta aceptable que haya sectores abocados a asumir impagos sine die. La crítica situación de la hostelería y el comercio reclama respuestas, pero pueden explorarse otras opciones. Resulta preferible, como se ha hecho en otros países, crear mecanismos de liquidez específicos que les permitan atender sus obligaciones, pese a la parálisis de su actividad.
