Septiembre está a punto de terminar sin que las autonomías hayan recibido aún los 2.500 millones en material sanitario para luchar contra el Covid que Sanidad anunció a principios de agosto. El objetivo era que esos equipos estuvieran listos para el inicio del otoño, pero ahora resulta imposible siquiera poner una fecha tentativa para su reparto efectivo.
No en vano, más de un mes después de su lanzamiento, el proceso se encuentra varado en su etapa más incipiente, la presentación de ofertas por parte de empresas. Las firmas, más de 150, han cumplido con los plazos para hacer llegar toda la documentación, pero no tienen noticia de cuándo se harán efectivas las adjudicaciones. No se entiende cómo Sanidad permite una tramitación tan sumamente lenta en un proceso que, según aseguraron sus responsables en agosto, se iba a conducir por la vía de urgencia. Pero, sobre todo, resulta difícil comprender por qué el Gobierno incurre en el mismo error que tantas críticas le granjeó durante el pasado estado de alarma. Los clamorosos errores y demoras de Sanidad a la hora de gestionar la adquisición de material contra la epidemia no sólo provocaron las protestas de las autonomías. Más demoledor resultó el hecho de que hasta tres Ministerios (Defensa, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social) buscaron sus propios canales para hacerse con el material que necesitaban, al margen de Sanidad.
Las lecciones de los flagrantes errores en la compra de material durante el estado de alarma siguen sin aprenderse
Fue entonces cuando deberían haberse aprendido los requisitos necesarios para que la centralización de compras en este Ministerio fuera eficiente, pero meses después se repiten los mismos errores, que vuelven a dejar desatendidas a las autonomías en nuevo momento crítico, en pleno auge de la segunda oleada del Covid.
