El Gobierno volverá a reunir a los agentes sociales para continuar con las negociaciones sobre la normativa que regirá el teletrabajo en España. Quedan así arrinconadas las expectativas de que el Ejecutivo volviera hoy a servirse de un decreto-ley para zanjar esta cuestión, en vía muerta desde principios del mes pasado.
El recurso a esta manera expeditiva de legislar plantea problemas en casi todos los ámbitos, ya que se trata de un mecanismo excepcional cuyo uso, por su propia naturaleza, debe ser limitado. Esas objeciones se multiplican en la esfera de las relaciones laborales, donde no se debe privar de voz a los principales implicados: sindicatos y patronal. De hecho, las objeciones que los empresarios presentaron en agosto ante la muy laxa propuesta de la ministra Díaz sobre el teletrabajo están plenamente justificadas. Así, las empresas no podían aceptar una norma que permite que un empleado sea considerado un teletrabajador en sentido estricto por el hecho de no acudir a la oficina un solo día a la semana (como ya ocurre en muchas firmas desde mucho antes de la epidemia). Pero el recurso al decreto-ley en este ámbito aún habría tenido un efecto peor. Pese a que la norma podría modificarse más en el Congreso, la verdad es que la vigencia de las nuevas medidas habría sido inmediata. En otras palabras, miles de empresas tendrían que haber asumido unos importantes costes extra en cuestión de días, pese a las dificultades que ya están atravesando.
El propósito de legislar unilateralmente en esta materia habría supuesto un grave perjuicio para las empresas
Como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, declara en elEconomista, legislar por la vía de urgencia en esta materia "no lleva a ninguna parte". Es necesario el consenso para evitar que el teletrabajo se convierta en una traba más para las empresa.
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