El Gobierno ha alcanzado un preacuerdo con los agentes sociales para la regulación del teletrabajo en el sector privado. De esta forma, y a la espera de que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT sometan el texto a la ratificación de sus organizaciones, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este mismo martes la norma consensuada.
Lo que parecía un acuerdo cantado se ha complicado en extremo. Durante toda la mañana de ayer se especuló con la idea, dada por segura, de que el Real Decreto-Ley del teletrabajo se aprobaría hoy en el Consejo de Ministros. Y se daba por hecho que la nueva norma no estaría avalada por el consenso de los agentes sociales, pues la CEOE no estaba dispuesta a poner su firma en el acuerdo para la futura norma del teletrabajo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya adelantó el viernes que "le quedaban pocos días" al Real Decreto que regula el teletrabajo y fuentes de su Ministerio matizaron que la intención era aprobarlo en el Consejo de Ministros del día 22. Sin embargo, el Gobierno dio una nueva oportunidad al diálogo social y convocó para este lunes a los agentes sociales para intentar buscar puntos de encuentro.
La anterior reunión negociadora la tuvieron en la primera semana de septiembre, en la que el Gobierno acercó posturas cediendo en las principales demandas de las centrales sindicales CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme. Sin embargo, ante una nueva demanda de los empresarios, se incluyó en el último borrador, que data del 1 de septiembre, una cláusula que ha descuadrado el statu quo.
La clave del conflicto
En una nueva disposición transitoria, la tercera, se establecía una excepción para las empresas que, amparadas en el real Decreto-Ley del 17 marzo que estableció las medidas económicas para hacer frente a la pandemia, enviaron a sus empleados a trabajar a distancia. El Gobierno propuso a principios de septiembre que estas empresas "quedarán exceptuadas de la obligación de suscribir el acuerdo al que se refiere el artículo 6 de la presente norma".
El borrador del texto legal establece la obligación de que la implantación del teletrabajo en el ámbito laboral debe venir precedido de un acuerdo firmado entre las empresas y sus trabajadores y establece 11 puntos mínimos que debe regular dicho acuerdo. Entre ellos, el inventario de medios, equipos y herramientas que deben tener los empleados para desarrollar su tarea en casa y la enumeración de gastos que pudieran tener el trabajador por el hecho de desempeñar su labor a distancia. O el horario y las reglas de disponibilidad, entre otros.
Los sindicatos no están dispuestos a que se apruebe una ley que establece tal discriminación, obligando a las empresas que actualmente no están en teletrabajo a negociar dicho acuerdo, y permitir a las que sí están que sigan en las condiciones que han mantenido durante la pandemia. Aunque, se podrían buscar formas para flexibilizar el acuerdo y establecer plazos razonables, pues las empresas que tienen a su plantilla trabajando desde casa tienen dificultades añadidas para negociar.
El resto de puntos en discordia, acordados ya, no parece generar conflictos. Así, se da por válido que para que se considere teletrabajo y, por tanto, que sea regulado por la norma, los trabajadores deberán desempeñar al menos el 30% de la jornada a distancia. Se salva así el escollo de los viernes que muchas empresas tienen ya establecido, permitiendo a sus plantillas trabajar desde casa.
O el otro escollo, el periodo de transición para que las empresas que tienen ya pactado con sus trabajadores el teletrabajo se reduciría de 3 años, como inicialmente pretendía el Gobierno, a un año, aunque sigue dejando la puerta abierta a que a través de la negociación colectiva se pueda a alargar dos años más, algo que no gusta especialmente a los sindicatos.