Empresas e inversores inmobiliarios se movilizan ante la aprobación de la ilegal norma catalana que limita los alquileres residenciales en ese territorio.
Ya se plantean recurrir a la vía contencioso-administrativa ante la flagrante extralimitación de competencias de la Generalitat. Sin embargo, como se subraya en el sector, mucho más eficaz resultaría que el Gobierno central recurriese esta disposición ante el Constitucional, dado que el Tribunal la suspendería cautelarmente. El Ejecutivo lo tiene a su favor para dar ese paso, ante un reglamento que los propios servicios jurídicos del Parlament dictaminaron que atenta contra la Carta Magna. Si persiste en su inacción, no sólo desampara al sector inmobiliario; además, permite que una ilegalidad tenga rango de ley.
