Como se preveía, el voto sumado de los partidos independentistas permite que el Parlament catalán apruebe la iniciativa del Govern para limitar los alquileres residenciales.
El problema está lejos de agotarse en el flagrante intervencionismo del mercado que esta norma permite. Los secesionistas han vuelto a pasar por encima de los servicios jurídicos de la Cámara, que dejaron clara la falta de competencia de la Generalitat para legislar sobre esta materia. En un movimiento semejante al ocurrido en vísperas del 1-O, Juntsper Cat, ERC y los partidos afines conculcan el funcionamiento de las instituciones y permiten que prospere una normativa ilegal. Vuelve así a darse alas a la inseguridad jurídica en Cataluña, lo que minará su economía.
