El Ministerio de Trabajo ha cedido en una de las pretensiones de las patronales para apoyar el anteproyecto de ley del teletrabajo. Se trata de elevar el porcentaje mínimo del 20% al 30% de la jornada laboral, para que se considere que un empleado teletrabaja.
Sin duda, la petición de los empresarios es justa ya que, con ella, se evita que las compañías asuman los costes, aunque el empleado solo trabaje un día a la semana desde su domicilio (normalmente los viernes). Sin duda el cambio del Ejecutivo de coalición, que hasta la pasada semana se negaba a ceder, allana el camino de las negociaciones con los agentes sociales. Pero más importante aún era evitar la anterior pretensión del Ejecutivo de convertir esta forma de organizar el trabajo en una nueva penalización para las compañías. Por todo ello, el cambio del Gobierno en este sentido debe ser bienvenido. También lo son las palabras de la ministra portavoz María Jesús Montero en las que asegura que se está estudiando una nueva prórroga de los Erte más allá del mes de septiembre. Con todo, estos cambios que el Ejecutivo muestra en aspectos tan relevante como el teletrabajo y los Erte hay que ponerlos en su justo contexto. Esta semana es clave en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Sacarlos adelante es condición necesaria para acceder al fundamental rescate europeo de 140.000 millones.
Facilitar la negociación de los Presupuestos lleva al Ejecutivo de Sánchez a ceder en su posición respecto al teletrabajo
Todo apunta, por tanto, a que las dificultades que existen para alcanzar un acuerdo respecto a dichos Presupuestos es lo que ha obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ceder en el ámbito del teletrabajo y a mostrar una postura más alejada de la unilateralidad y ajena al diálogo social que se tuvo durante el estado de alarma.
