El presidente Pedro Sánchez reconoce, en la primera rueda de prensa tras sus vacaciones, que la situación creada por los rebrotes en España es "preocupante". Sorprende, sin embargo, el escaso alcance de las medidas que el jefe del Ejecutivo toma ante una situación cuya gravedad ya no se puede minusvalorar.
La oferta a las autonomías de 2.000 rastreadores del virus, procedentes del Ejército, debió tomarse mucho antes, en el inicio de la campaña de verano, adelantándose a la reactivación del sector del ocio y a los millones de desplazamientos vacacionales que se produjeron en el interior del país.
La segunda oferta de Sánchez a las autonomías también deja amplio espacio a la crítica. Moncloa se ofrece a declarar estados de alarma con alcance sólo en algunos territorios si los Ejecutivos regionales que los administran así lo solicitan. La única prioridad del Gobierno central parece ser la búsqueda de más vías para delegar decisiones en las autonomías; de hecho, serán sus presidentes los que tendrán que explicar en el Congreso de los Diputados esos estados de alarma. Mientras tanto, nada se avanza en la solución del verdadero problema, que radica en la nula coordinación entre las Administraciones para afrontar los rebrotes.
Bastaría una puesta al día de la Ley de Salud Pública (promulgada en los años 80) para crear un marco común que ofrezca una solución intermedia entre el estado de alarma decretado por el Estado (una solución extrema muy dañina para la economía), y la vigente disparidad de políticas que se da entre las autonomías. La descoordinación actual, evidente también en la caótica reapertura de colegios que tendrá lugar a partir del 4 de septiembre, multiplicará los daños de esta segunda oleada de la epidemia.
