Dos autonomías, Extremadura y Baleares (ambas con Gobiernos socialistas), comunican a sus funcionarios que no aplicarán el incremento salarial comprometido a inicios de este año para las Administraciones públicas. Todo apunta a que otros Ejecutivos autonómicos tomarán en breve esta misma decisión, un paso que aún no se puede asegurar en el caso del Estado.
De hecho, las más recientes declaraciones de los miembros del Gobierno sobre este particular apuntaban a que el alza se mantenía, pese a la gravedad de la crisis que el Covid ha provocado. Sorprende este inmovilismo ante una medida que fue polémica incluso cuando se planteó en enero pasado. Entonces, ya se antojaba excesivo un avance de los salarios del 2%, cuando la inflación era muy inferior y el PIB ya estaba en desaceleración. Ahora, cuenta con todavía menos sentido considerando que los precios están en negativo desde hace meses y la economía ha entrado en una recesión sin precedentes, que contraerá el PIB más de un 10% en 2020. A todo ello se suman unas cifras de deuda y de déficit públicos que comprometen la sostenibilidad financiera misma de las Administraciones en el medio-largo plazo. Por último, resulta ya injustificable el muy diferente esfuerzo que se le ha exigido al sector privado y las Administraciones ante una crisis que afecta al conjunto de la economía.
La subida de sueldos para los funcionarios del 2% anunciada en enero no puede seguir adelante en la Administración
Desde el inicio del estado de alarma, ante la parálisis de su actividad y el derrumbe de sus beneficios, miles de empresas recurren a Ertes y a la congelación, cuando no a fuertes reducciones, de los sueldos de sus directivos y de sus plantillas, para por sobrevivir. Los sacrificios no pueden seguir recayendo exclusivamente sobre el sector privado.
