¿Cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos? y ¿considera que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos? Si ha respondido que sí a ambas preguntas, coincide usted con la mayoría de la población española (63,6 y 88,9 %, respectivamente), de acuerdo con el reciente barómetro de Opinión pública y política fiscal publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que nos ayuda a comprender la opinión sobre los tributos de la sociedad española y su conciencia tributaria.
No importa sólo la foto, sino también la evolución. Las tendencias en las encuestas nos muestran que cada vez son más los ciudadanos que rechazan el fraude fiscal y consideran que para ser un buen ciudadano no hay que evadir impuestos. Ahora bien, siguen siendo muchos (aunque cada vez menos) lo que creen que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y que la Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra este.
No obstante, opinión y realidad, no siempre coinciden. Si el CIS nos da la opinión, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) nos ofrece –y cada vez más– los datos a través de sus memorias y estadísticas, fuentes de información y transparencia.
Podríamos desgranar los últimos datos sobre lucha contra el fraude fiscal (que, por cierto, son los mejores de los últimos años), o sobre el índice de desempeño del personal de la AEAT (que indica que en los últimos años, cada empleado de la AEAT ha obtenido, de media, 600.000 euros en la lucha contra el fraude fiscal); o explicar por qué hay evidencia de la mejora del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales (principalmente porque la evolución de las magnitudes fiscales, como las bases imponibles agregadas, crecen más que las principales magnitudes económicas relacionadas, como la demanda interna o el PIB).
Sin embargo, si usted forma parte de la mayoría (89,9%) que cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal, todos esos datos no le van a hacer cambiar de opinión, o no fácilmente, al menos. Cuando hablamos de moral tributaria –o moral, en general–, primero tomamos nuestras decisiones con base a nuestros sentimientos, prejuicios y emociones, y después construimos los argumentos que las justifiquen. Como consecuencia, dedicamos más esfuerzo a discutir los argumentos que contradicen nuestras creencias y opiniones que a poner a prueba nuestra identidad; es decir, somos muy benevolentes con nosotros mismos (lo que se conoce como sesgo de confirmación). En definitiva, no nos gusta, y nos cuesta, cambiar de opinión.
Por ello, la mayoría de la población que considera que existe mucho o bastante fraude fiscal lo atribuye a lo poco o muy poco conscientes y responsables que son los españoles a la hora de pagar impuestos (62,3%), mientras que el compartimiento de cada uno de nosotros es ejemplar. Un 92,9% de los encuestados se considera a sí mismo muy o bastante consciente y responsable con el pago de impuestos.
El sesgo de la deseabilidad
Esta paradoja es el resultado de unir el sesgo de superioridad moral (tributaria) al sesgo de la deseabilidad social. En otras palabras, tendemos a sobreestimar el mal comportamiento de otras personas y consideramos que no pagan sus impuestos; pero, al mismo tiempo, tendemos a sobreestimar nuestro buen compartimiento y nos consideramos «un contribuyente ejemplar».
Curioso, o no, tenemos que ser conscientes de que la moral tributaria es compleja. La mayoría de la población no considera la moral tributaria como la principal razón para cumplir con las obligaciones tributarias (las retenciones en la nómina u otros ingresos y el control de la AEAT son razones, consideradas, más imperiosas) y, sin embargo, cada vez son más las personas que opinan que el cumplimiento fiscal mejora de un año para otro.
Si entendemos la moral tributaria como la motivación intrínseca para pagar impuestos, no cabe duda que su desarrollo es tan necesario como la adopción de medidas de lucha contra el fraude fiscal. No podemos, porque tampoco es eficiente, poner un Inspector de Hacienda detrás de cada contribuyente. Por ello, tenemos que ser capaces de ir más allá de la publicación de datos y estadísticas. Tenemos que diseñar mecanismos que transmitan la importancia de pagar impuestos en un Estado del bienestar y de que la Administración tributaria realiza –con éxito– actuaciones contra el fraude fiscal y por la mejora del cumplimiento voluntario.
En ese sentido, durante 2018 (últimos datos disponibles), el Programa de Educación Cívico-Tributaria de la AEAT supuso la realización de actividades con casi 50.000 alumnos de todas las edades y niveles educativos. Todo ello en línea con el informe de 2019 de la OCDE "Tax Morale. What Drives People and Businesses to Pay Tax?" en el que recomienda que la Administración tributaria desarrolle programas de educación cívico-tributaria dirigida a distintos grupos de contribuyentes.
Existe evidencia de que la moral tributaria se ve afectada por factores socioeconómicos. Por ejemplo, las personas mayores tienen menos probabilidades de justificar el fraude que las personas más jóvenes, las mujeres tienen una moral tributaria más alta que los hombres, y también tienen una moral tributaria más alta las personas religiosas o las de mayor nivel educativo.
Desarrollar programas de educación cívico-tributaria para distintos perfiles de contribuyentes, no limitándose a las personas jóvenes, contribuirá a la construcción de una moral tributaria más reforzada para que la sociedad sea consciente de la importancia de pagar impuestos y de los esfuerzos que realiza la Administración tributaria en la lucha contra el fraude fiscal y en la asistencia a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones tributarias.