Las grandes patronales celebran los indudables puntos positivos que contiene el acuerdo europeo, alcanzado la semana pasada, sobre el fondo de ayudas contra la crisis del Covid.
Los 140.000 millones que España recibirá, entre transferencias y créditos, constituyen unos recursos muy valiosos para, como señalan los empresarios, desarrollan políticas en pro de la creación de empleo. También debe resultar prioritario salvar el tejido industrial español, estrangulado entre la parálisis del consumo y la falta de liquidez. Sin embargo, resulta también comprensible el temor ante las alzas fiscales que se avecinan en los próximos Presupuestos, cuyo camino parece más allanado tras el acuerdo europeo. En especial, una posible alza del IVA supone la peor pesadilla para las empresas que operan en el sector del turismo, la hostelería y el comercio. Es cierto que el gran número de artículos amparados por los tipos reducido y superreducido de este tributo es la causa principal de la brecha en recaudación entre España y el resto de la UE. Bruselas lleva, además, años reclamando a nuestro país una revisión de toda su tributación indirecta. Es más, el Banco de España o Fedea han abogado igualmente por cambios de este tipo en el IVA. Conviene, sin embargo, escuchar lo que dicen realmente los expertos. Cambios de este tipo no pueden acometerse en medio de una recesión histórica y cuando existe un claro riesgo de una segunda oleada a gran escala de la epidemia.
Los efectos de una subida del IVA en plena recesión, y con la amenaza de un rebrote masivo del virus, resultaría letal
Por ello, recomiendan que la modificación se produzca a partir de 2022. No hacerles caso puede suponer un daño histórico al consumo, ya debilitado, de empresas y hogares y abocar al cierre a más de 20.000 empresas más.
