El sector inmobiliario español muestra un lógico temor ante la norma express con la que la Generalitat quiere intervenir el alquiler residencial.
No es otro el objetivo de una ley que, en los nuevos contratos de arrendamiento, obligará a congelar o directamente a reducir los precios. Una distorsión del mercado tan flagrante no sólo pondrá en más apuros a este mercado en Cataluña (donde los alquileres siguieron al alza pese al confinamiento). Además, sienta un peligroso precedente que pueden seguir otras autonomías o incluso el Gobierno central, que ya barajaba planes semejantes para 2021. Con unas perspectivas así, sólo se logrará ahuyentar, a escala nacional a los propietarios y a los inversores y agravar el problema del alquiler.