La Agencia Tributaria extrema el control sobre los grandes patrimonios pertenecientes a particulares. No puede calificarse de otra forma la manera en que el Fisco multiplicó la apertura de expedientes a estos contribuyentes.
No en vano el número de controles dirigidos a ellos se ha más que doblado (crece un 156%) en apenas dos años. Sorprende esta evolución considerando que Hacienda está muy lejos de haber detectado un aumento de los incumplimientos en estos niveles de renta. Al contrario, las bases imponibles en el IRPF de las denominadas "fortunas personales" crecían cerca de un 16% en 2019, lo que implica que ya entonces declaraban más. Sin duda, siempre resultan bienvenidos los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Ahora bien, lo que resultaría injustificable es la identificación automática del perfil de defraudador con los grandes patrimonios o con las grandes empresas. De hecho, las corporaciones de mayor capitalización son objeto también de un escrutinio fiscal exhaustivo, con un 8,6% más de inspecciones en sólo un año. Es más, todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño, ven cómo se incrementa el rigor de la Inspección de Trabajo. La epidemia impuso la necesidad de recurrir masivamente a Ertes desde finales de marzo.
En el corto periodo de tiempo transcurrido desde entonces el 11% de las firmas que plantearon esos expedientes ya han sido investigadas o lo serán de forma inminente. Acciones como éstas parecen guiadas por prejuicios ideológicos hacia las empresas y los llamados ricos. Existe ya un alto riesgo de que el razonable control fiscal y laboral de estos contribuyentes degenere en acoso.
