Podemos abogó esta semana por nacionalizar las residencias de ancianos bajo el peregrino argumento de que el sector público "cuida mejor". Se engrosa así la lista de sectores que ese partido quiere intervenir, y que abarca desde el alquiler residencial hasta la energía.
En todos están presentes los fondos de inversión y es lógico que sus responsables en España muestren inquietud. Cada vez resulta más difícil que justifiquen operaciones en un país en el que se lanzan mensajes que amenazan la seguridad jurídica. El continuo ataque a principios básicos como el respeto a la propiedad privada y a la economía privada puede convertir a España en un terreno proscrito para los inversores, en la peor tradición de economías como la venezolana y ahora, de nuevo, la argentina.
